jueves, 13 de diciembre de 2007

LA FIRMA DIGITAL.


Según medios periodísticos, mientras el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) intenta impulsar el proyecto de Ley 249 sobre la firma electrónica para hacer atractivo la incursión de empresas locales en esta actividad, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) inició un plan piloto junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para brindar el servicio de certificados de firmas digitales.


Mediante la Ley 43 del 31 de julio de 2001 se define y regula los documentos y firmas digitales y las entidades de certificación en el Comercio Electrónico y el intercambio de documentos electrónicos. Sin embargo, dicha norma presenta deficiencias técnicas que no hacen atractivo para un empresario invertir en la creación de una compañía certificadora de firmas electrónicas, ya que no garantiza el retorno de inversión.


No obstante, la CCIAP, a través de su departamento de Desarrollo de Comercio Electrónico, junto con el BID y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) se ha empezado a brindar el servicio de certificados de firmas digitales.


Actualmente 57 empresas han entrado al proyecto, de las cuales cincos han implementado los documentos. Las empresas Panahigiene, Festejos y Brindis y Compañía Sar, están usando los cerificados digitales. Cuando se termine el proyecto quedarán 75 empresas con certificados fijos. La CCIAP ha creado un centro con toda la seguridad que requiere la empresa internacional Geotrust Certification Authority con la que tienen un acuerdo para emitir los certificados.
Panamá fue el primer país en la región en tener una legislación sobre firma electrónica, el cual tiene el mismo valor que una firma holográfica o manuscrita. Pero, mediante la Ley 43 se intentó manejar muchas áreas diferentes, lo que no se hizo de la mejor forma.


El tipo de inversión que se requiere para crear una empresa de certificación electrónica es muy elevada. Solo para iniciar operaciones se tiene que destinar alrededor de $1,5 millones, pero la ley no ofrece las condiciones propicias para que haya un retorno de inversión a mediano plazo. Se necesita inversión en tecnología actualizada y mantenimiento; uso de varios servidores y crear software especializados para la generación de la firma electrónica; así como de mano de obra calificada costosa.


La Comisión Nacional de Valores (CNV) fue usuaria de la firma digital tras la firma de un convenio con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), pero debido al cambio de estructura de esa entidad, la misma dejó de funcionar como entidad certificadora. Para tratar de resolver los problemas técnicos de la actual ley, el MICI presentó a la Comisión de Comercio tres anteproyectos de Ley. Los proyectos son el N°249 sobre firma electrónica y entidades de certificación de dicha firma, el proyecto N°281 que tiene que ver con comercio electrónico y el N°282 sobre documentos electrónicos y almacenamiento tecnológico de documentos. Se espera el nuevo periodo periodos de sesiones ordinarias para iniciar su discusión en primer debate en la citada comisión.